CULTURA, EXCLUSIONES Y DERECHOS HUMANOS


Sara Amelia Espinoza Islas Cristina Franco Abundis

I. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS E INJUSTICIAS

El tema de los derechos humanos en Baja California (BC) es complicado. Al igual que la realidad nacional, en esta entidad también existen dos visiones: la oficial y la de la sociedad civil consciente, crítica y activa que denuncia la difícil realidad de la ciudadanía: violencia, pobreza, violaciones a los derechos humanos, simulación, corrupción e impunidad. En los temas de seguridad pública y
justicia, el panorama es desalentador, habría que recordar que éstos también son derechos humanos.

SEGURIDAD Y JUSTICIA
La tortura y las desapariciones forzadas son temas preocupantes y urgentes de atender, ya que no existen autoridades administrativas y jurisdiccionales que las prevengan y sancionen. Por ello, las corrientes mundiales incorporan a la práctica policial el modelo de seguridad ciudadana, que coloca en el centro de atención a la persona, su dignidad y sus derechos, como preámbulo de la seguridad humana. BC se encuentra muy lejos de una reforma policial democrática. Por el contrario, lo que hay son estrategias punitivas, pragmáticas y reactivas que responden más a motivaciones políticas que a la prevención del delito y la mantenimiento del orden público y la paz social.

La discriminación oficial afecta los derechos de personas pertenecientes a los grupos vulnerables, en particular a mujeres, niños y niñas, jóvenes, trabajadoras sexuales y personas de la diversidad sexual, migrantes, indígenas y las personas adictas. (recorte idea).
FEMINICIDIOS
En el 2014, BC se consideró como la quinta entidad en la que se cometen más feminicidios, ya que ocurrieron 112 asesinatos por cada cien mil mujeres (Instituto Nacional de las Mujeres, 2014), lo que propició que la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos solicitara la declaración de alerta de género el 27 de enero de 2015. El 22 de mayo de 2015, la Secretaría de Gobernación, a través del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), notificó 14 recomendaciones al gobierno de BC, las cuales fueron aceptadas en junio por las autoridades estatales. En la actualidad, el gobierno, los grupos de la sociedad civil e instituciones académicas están a la espera del dictamen del Consejo para conocer si se emite dicha alerta, al tiempo que los feminicidios siguen perpetrándose.

TRATA DE PERSONAS
Por otro lado, Tijuana se ubica como una de las 15 ciudades con más alta incidencia de trata depersonas.
En 2013, la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH) reportó que en BC se registraron 132 víctimas de trata de personas, de las cuales 115 fueron mujeres; 14, hombres, y tre más fueron registradas como “sin información”.
De la cifra global, 108 eran de origen mexica; 10 extranjeras, y 14 más “sin información”; 60 casos correspondieron a niñas, niños y adolescentes; 64 fueron de adultos y ocho casos no tuvieron registro. Además, nueve casos fueron catalogados de explotación con fines laborales y 59 quedaron asentados en la categoría de explotación sexual. El resto de los incidentes no quedaron registrados. De manera mayoritaria, las víctimas fueron originarias de las siguientes entidades: Chiapas, Chihuahua, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Veracruz; mientras que las víctimas de origen extranjero procedían de: Honduras, Canadá, Guatemala, Estados Unidos (EU) y El Salvador.

COMUNIDAD LGBTTTI
Al respecto de la realidad de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI), existen constantes violaciones a los derechos humanos, pues la homofobiase presenta generalmente en los ámbitos laboral, escolar, salud, acceso a la justicia y de reconocimiento de los crímenes de odio. De manera constante se agrede y atenta contra la dignidad de estos grupos, cuyos integrantes sufren graves actos de violencia institucional y social, quebrantando el principio constitucional que prohíbe la
discriminación en México. Este sector vulnerable de la sociedad bajacaliforniana, al igual que el de las personas con discapacidad, los adultos mayores, las personas enfermas de VIH-Sida, entre otros, no gozan plenamente de todos los derechos que ampara nuestra Carta Magna, relegándolos a ciudadanos de segunda. Esta comunidad no tiene acceso a la justicia y a los servicios de salud por falta
de sensibilidad de los servidores públicos de estas áreas. Asimismo, se enfrentan a dificultades para el acceso laboral.

MIGRANTES
En cuanto a la realidad de las y los migrantes, Tijuana se ha convertido en los últimos diez años como la principal ciudad receptora de las deportaciones de los EU. De enero a octubre de 2015, BC recibió alrededor de 38 mil 893 personas deportadas, de las cuales, se calcula que un 90% ingresó por Tijuana. En el imaginario de la población, persiste la idea de que las y los deportados han delinquido, sin embargo,
únicamente el 3% de esta población tuvo registro de algún antecedente penal en la Unión Americana. A ello, se suma la deportación de migrantes centroamericanos, quienes son obligados a vivir en condiciones de clandestinidad. Hoy, el perfil de la migración ha cambiado drásticamente; ya no son sólo factores económicos por atender, sino también a migrantes víctimas de la delincuencia organizada, de políticas xenofóbicas de los EUA y del abuso policial, que los coloca en situación de extrema vulnerabilidad. Ahora, en lugar de proteger sus derechos humanos, son vistos por autoridades y empresarios como un “problema”, criminalizándolos al señalarlos responsables de la inseguridad, lo que de inmediato los vuelve sujetos de discriminación y represión institucional.

La mayoría de los deportados son personas jóvenes en edad productiva que no son integrados a través de políticas públicas. En el caso de jóvenes y niños en edad escolar, el sistema educativo presenta serias deficiencias para integrarlos en las instituciones académicas.

COMUNIDADES INDÍGENAS
Las comunidades indígenas autóctonas de la entidad (kumiai, pai-pai, kiliwa y cucapah), tal parece que están condenadas a la extinción, en conjunto con sus lenguas, tradiciones y costumbres, sin que las autoridades desplieguen políticas públicas integrales de protección y preservación de sus culturas. Estos grupos son abandonados a su suerte ante el despojo de sus tierras y la explotación de que son víctimas por particulares, como en el caso de la agroindustria y la industria vitivinícola. A pesar de ello, resalta la lucha ejemplar del pueblo indígena cucapáh que se niega a morir, confrontado a las autoridades federales ambientales y de pesca que le niegan sus más elementales derechos.
En cuanto a las comunidades indígenas, provenientes del sureste del país, que laboran junto con sus mujeres e hijos menores en el valle de San Quintín, en el municipio de Ensenada, no es menor la explotación que sufren a manos de los empresarios agrícolas. Para ellos no hay esperanza, futuro ni desarrollo; son sólo mano de obra barata, desechable y útil para generar riqueza. No existen políticas públicas de atención a los grupos indígenas para incorporarlos a la vida laboral. En cuanto a sus derechos económicos, sociales y culturales, estas comunidades son rehenes de las prácticas corporativas y clientelares de los gobernantes y de las fuerzas políticas. La pobreza se administra en aras de comprar la voluntad de los electores mientras crecen los niveles de marginación y pobreza, ignorando las autoridades los principios constitucionales de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad de los derechos humanos. En los ámbitos educativo y laboral domina la tendencia a la privatización, que impone el concepto de “competitividad” para elevar la “productividad” de las empresas, en lugar de ofrecerles a las y los trabajadores y a sus familiares una educación integral y de calidad, plena ocupación laboral con salarios dignos y la satisfacción de su derecho a la seguridad social y al bienestar.
JÓVENES
Los jóvenes en condición de pobreza son criminalizados, enfrentan exclusión laboral y educativa, lo que los orilla a vivir condiciones que los exponen al crimen organizado. Los programas de políticas públicas y atención a jóvenes no están pensadas para ellos.

II. EXPERIENCIAS DE BUENAS PRÁCTICAS Y LÍNEAS DE INTERVENCIÓN

Se han identificado diversas instancias que están llevando a cabo acciones para atender la problemática antes mencionada, a nivel gubernamental, de grupos organizados de la sociedad civil, centros académicos y la propia IBERO Tijuana. Por medio de instancias gubernamentales se crearon programas de apoyo federal y estatal para ayudar a los migrantes deportados a retornar a sus lugares de origen. Además, a nivel federal también opera la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), pero en BC no se ha hecho una evaluación de sus condiciones ya que opera con escasos recursos financieros y humanos. Existen campañas gubernamentales de prevención en los tres niveles que trabajan de la mano con organizaciones civiles. En cuanto a políticas públicas, existen programas de apoyo y rescate de migrantes que tienen muchas limitaciones como el Grupo Beta. Por su parte, los grupos organizados de la sociedad visibilizan y denuncian las problemáticas de injusticia y violación a los derechos humanos. Llevan a cabo encuentros, festivales, marchas y alianzas con sectores académicos. Hay una importante presencia de grupos y colectivos feministas que visibilizan problemas y presionan para la gestión de políticas públicas a favor de comunidades de mujeres y de las comunidades LGBTTTI. Asimismo, hay autoorganización de los grupos originarios de BC, con participación de algunos colectivos de defensa de derechos humanos que visibilizan la problemática y realizan diversas acciones en su defensa. Además, existen organizaciones de derechos humanos a nivel local, nacional y binacional, que apoyan la movilización de los jornaleros agrícolas por el derecho a la sindicalización, salarios justos, la educación y mejora en las condiciones laborales. Destaca la labor de organizaciones religiosas que
brindan ayuda asistencial a los migrantes, como los Salesianos, Casa del Migrante (Scalabrini) y Madre Assunta. Al mismo tiempo, organizaciones civiles, locales y binacionales denuncian los abusos cometidos por las autoridades municipales. En el ámbito académico destacan algunas instituciones de educación superior como la Universidad Autónoma de Baja California, en particular el Instituto de Investigaciones Culturales Museo-UABC, El Colegio de la Frontera Norte (Colef) y la IBERO Tijuana. Para el caso de los indígenas migrantes que laboran como jornaleros en el valle de Mexicali y en San Quintín, algunos investigadores de las dos primeras instituciones, además de apoyarlos de manera personal, estudian y dan a conocer sus condiciones de vida y de trabajo. La IBERO Tijuana, a través de los Seminarios Perspectiva de Género y Derechos Humanos del Área de Reflexión Universitaria y Programas de Incidencia, trabaja dichas temáticas y realiza actividades estudiantiles para visibilizar y sensibilizar sobre esta realidad. También, apoya a comunidades kumiai a través del servicio social de los estudiantes y en proyectos de arquitectura. Asimismo, realiza acciones encaminadas a apoyar a los migrantes a través de proyectos académicos de estudiantes de Psicología, Servicio Social, Enfermería. Y mediante los programas de incidencia desde donde se realizan foros, actividades con organizaciones civiles y campañas de sensibilización y de ayuda humanitaria.