Erick Fernández Saldaña
Manuel Alejandro Guerrero Martínez
Enrique Gutiérrez Márquez
Helena Varela Guinot
Laura Zamudio González

 

I. Principales problemáticas

El contexto político contemporáneo se caracteriza por la existencia de un Estado presionado externamente por las dinámicas de la globalización y con restricciones en el ejercicio de su soberanía e internamente desarticulado, con instituciones débiles, escasos controles democráticos y, en general, capturado por intereses privados, de grupos y poderes fácticos.

Desde el ámbito internacional, el Estado mexicano se encuentra presionado por las dinámicas de la globalización e interdependencia. La expansión y vinculación del mercado capitalista, la movilidad de capitales, servicios y personas, la rapidez y accesibilidad de las comunicaciones y transportes, entre muchos otros fenómenos, han tenido un efecto sensible en la reducción de la soberanía irrestricta de los Estados, así como en su capacidad de control y ejercicio político independiente.

Es evidente que el Estado Mexicano ya no puede hacer frente por sí solo a problemas de corte trasnacional como son la migración, el refugio, el narcotráfico o el daño ambiental. Para atender estas y otras problemáticas similares, requiere recursos, decisiones y acciones que se puedan implementar en conjunto con otros Estados o actores y en consonancia con leyes, convenciones y regímenes internacionales. Sus acciones además, están sujetas a un mayor escrutinio por parte de grupos organizados de la sociedad civil a nivel nacional e internacional, que supervisan el cumplimiento o no de las normas. En su conjunto, la soberanía, entendida como la capacidad del Estado para tomar decisiones de manera unilateral al interior de su territorio y para formular su política exterior, se ha reducido y se encuentra abiertamente cuestionada por empresas trasnacionales, grandes organismos de regulación económica y financiera, tribunales internacionales que introducen la idea de complementariedad a los sistemas de justicia nacionales.

Por otro lado, internamente, observamos un Estado desarticulado, sin instituciones capaces de generar contrapesos y controles efectivos. Tendencias históricas de patrimonialismo, clientelismo, corrupción, y crisis de representación, han llevado a un ejercicio democrático meramente procedimental, ineficiente y costoso. La penetración del narcotráfico y las redes delincuenciales en las estructuras de poder político y la lucha partidista fratricida por el poder, no han hecho sino desatar la violencia en todo el país. Carecemos de un auténtico Estado de derecho y nuestro aparato de gobierno recurre a la represión y la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales, quedando además en completa impunidad, frente a su propia incapacidad para resolver los históricos problemas de desigualdad, pobreza y exclusión. Caldo de cultivo ideal que posibilita, reproduce y normaliza la corrupción y la profunda descomposición de nuestro tejido social provocando la preocupante captura del Estado por intereses privados.

Uno de los ámbitos más visibles y preocupantes para la efectiva consolidación democrática en nuestro país, se da en el ámbito de los procesos políticos y la comunicación. Ello se puede ver con claridad en al menos tres aspectos. Primero, la captura del espacio y la agenda pública por parte de grandes empresas mediáticas, en contubernio con grupos de intereses políticos específicos que no solamente limitan la pluralidad de ideas, sino que además promueven y defienden intereses particulares. Segundo, la precariedad para el ejercicio de un periodismo independiente, crítico y profesional. En este sentido el Estado, a través de procuradurías y comisiones, no sólo ha sido incapaz de investigar y revisar las múltiples evidencias que distintas investigaciones periodísticas han arrojado en relación con temas como corrupción, crimen organizado y abuso de poder, sino que incluso en casos abiertos de violencia contra periodistas, sus fiscalías especiales simplemente no han servido para generar protecciones mínimas a la integridad de las víctimas. Tercero, en parte derivado de un contexto en donde escándalos de corrupción, abuso de poder y conflicto de intereses se suceden en las portadas y noticieros sin consecuencia alguna, la comunicación gubernamental se encuentra seriamente cuestionada y carece de legitimidad. En suma, las condiciones para la comunicación informativa en México son sumamente precarias.

 

II. Injusticias

La problemática descrita se refleja en un conjunto de injusticias y retos que aquí esbozamos a manera de síntesis:

  • Violencia como fenómeno persistente y transversal.
  • Explotación irracional y desmedida de los recursos naturales
  • Flujo constante de migrantes, refugiados y desplazados.
  • Despojo y afectación de comunidades y grupos culturales
  • Gobierno de élites y corrupción endémica
  • Democracia ineficiente, costosa y circunscrita al ámbito procedimental
  • Crisis de representación y participación políticos
  • Escasos o nulos controles ciudadanos sobre las instituciones de gobierno
  • Exclusión de sectores de la sociedad que quedan en los márgenes del espacio público y que no son tema en los grandes medios de comunicación
  • Severas limitaciones en el ejercicio de la libertad de expresión
  • Ausencia de pluralidad informativa
  • Ausencia de regulación en materia de gasto gubernamental en medios
  • Escasa independencia de organizaciones mediáticas
  • Incongruencia con normas internacionales y falta de control legal

 

III. Buenas prácticas para hacer política

Finalmente, podemos advertir que, pese a todo ese escenario, es posible identificar prácticas positivas, a partir de las cuales podríamos pensar formas diferentes de hacer política:

  • Desde el punto de vista internacional, las experiencias positivas han venido del trabajo de foros y organizaciones internacionales (gubernamentales y no gubernamentales) que promueven reglas y normas de comportamiento, vigilan las acciones de los estados, denuncian el incumplimiento, e impulsan programas de acción colectiva coordinados. La creación de la Corte Penal Internacional en el año 2000 (y de los tribunales Especiales de Ruanda y la Ex Yugoslavia) han logrado, por ejemplo, establecer mecanismos judiciales complementarios a los estados, y organizaciones como Amnistía Internacional, denuncian violaciones a derechos humanos. La presión internacional, parece tener efectos tanto negativos como positivos, pues si bien por un lado puede contribuir a la debilidad institucional del estado y el control efectivo de sus recursos y territorios, por otro lado, puede también impulsar a prácticas menos autoritarias y acordes a la norma o comportamiento esperado a nivel internacional.
  • En el ámbito de la política y lo político, las experiencias positivas han venido sin duda, de las presiones que la propia ciudadanía han generado para buscar mayor control sobre los procesos políticos, la rendición de cuentas, el acceso a la información y, la consolidación de los derechos políticos, sociales y económicos en la vida cotidiana de los ciudadanos.
  • Tampoco debemos perder la pista a experiencias de carácter más local, que si bien no son generalizables, nos dan indicios sobre formas alternativas de organización comunitaria, como es el caso de Cherán.
  • En estos últimos años, la mayor parte de las experiencias positivas en el campo de la comunicación no han provenido ni de las grandes cadenas de medios tradicionales, ni del fomento de mejores condiciones en la aplicación de los marcos legales por parte del Estado, ni tampoco de una concepción de la comunicación política y/o gubernamental orientada a entablar mejores intercambios con la ciudadanía. Las experiencias positivas han venido de las formas en que algunos sectores de la sociedad y grupos específicos han estado utilizando las herramientas tecnológicas como plataformas y espacios para pluralizar la información y establecer canales de interactividad e intercambio de ideas, discusiones y debate.
  • Este contexto político nos obliga a pensar en nuevas formas de relación entre el Estado y la sociedad civil, en formas que reduzcan los niveles de violencia, de corrupción y de impunidad por medio de la creación y socialización de canales interactivos que sirvan mejor para exigir una mayor responsabilidad y rendición de cuentas.

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