Carolyn Aguilar Dubose
Carmen Doria Serrano
Alejandro Guevara Sanginés
José Alberto Lara Pulido
Dulce María Ramos Mora

 

I. Problemática

A lo largo de la historia, el ser humano ha interactuado de formas distintas con la naturaleza en un proceso dialéctico en el que la acción transformadora de la sociedad influye en la naturaleza, así como ésta condiciona los procesos sociales.

En los últimos tres siglos ha prevalecido una relación de carácter utilitario, resultado de un modelo económico basado en la dominación y explotación de la naturaleza, que ha demostrado ser insustentable ecológica y socialmente. De continuar con el mismo modelo “civilizatorio” nos dirigiremos inevitablemente a un suicidio colectivo.

Se calcula que para 2050 la población mexicana crecerá 20.6%, esto implicará una mayor presión sobre los recursos naturales y comprometerá drásticamente el bienestar de la población.

Actualmente, 72% de la población habita en zonas urbanas, la mayoría mal planeadas, con serios problemas de movilidad, contaminación y calidad de los servicios. Se estima que para 2030 existirán 20 ciudades con más de un millón de habitantes; lograr su sustentabilidad constituirá un verdadero desafío.

Gran parte del territorio se encuentra degradado debido principalmente a los cambios en el uso de suelo de ecosistemas naturales a actividades agropecuarias, industriales, turísticas, petroleras, mineras o para la creación de asentamientos humanos.

En el siglo XXI, México ha perdido dos millones y medio de hectáreas de bosque, de las cuales sólo ha recuperado una cuarta parte, provocando la pérdida de la biodiversidad y la desertificación que hoy afecta a 51 millones de hectáreas del país.

Se suman a la degradación ambiental los crecientes niveles de contaminación y la generación y manejo inadecuado de residuos sólidos urbanos y peligrosos.

El aprovechamiento de recursos naturales en México se realiza de manera insustentable, rebasando la tasa de renovabilidad de bosques, agua y recursos pesqueros. La creciente sobreexplotación y contaminación de los cuerpos de agua, ha provocado que la disponibilidad anual de este recurso por habitante se redujera drásticamente en los últimos años.

El 85% de la energía que demanda el país es generada a partir de combustibles fósiles. Esta dependencia energética nos coloca en una situación de riesgo ante el inminente agotamiento de estos recursos. La actual política energética promueve la explotación de nuevas fuentes mediante técnicas altamente impactantes, tanto ambiental como socialmente, como el fracking.

El Banco Mundial ubica a México como uno de los países más vulnerables al cambio climático. Actualmente, se observa ya una disminución de las lluvias y una elevación del nivel del mar, lo que está causando mayores inundaciones, pérdida de humedales, erosión e intrusión de agua salada en los acuíferos, entre otros. Esto es, el cambio climático está aumentando la vulnerabilidad de los recursos hídricos. Y, de acuerdo con la Base de Datos Internacional de Desastres, las sequías en México tienen un costo promedio por evento de 230 millones de dólares y afectan a 366 mil personas.

Estos cambios tienen repercusiones en el sector pesquero, forestal, agrícola, ganadero y turístico, así como en la salud humana, lo que resulta en insuficiencia alimentaria, aumento en los niveles de pobreza y marginación, exacerbación del fenómeno migratorio e inestabilidad económica y social.

II. Injusticias

La pobreza y la desigualdad social en México se han profundizado en las últimas décadas. De acuerdo con datos de CONEVAL, 45.5% de la población se encuentra en pobreza. Mientras que la población más pobre (40%) recibe 14.2% de los ingresos nacionales, la población más rica (10%) concentra la tercera parte de éstos.

Los problemas derivados de la degradación ambiental afectan de forma desigual y diferenciada a los distintos grupos, esferas sociales y regiones del país, obligando a muchas personas a desplazarse a las ciudades o a otras regiones.

Los sectores de la población más desfavorecidos son los más vulnerables a los daños ambientales debido a la precariedad de la infraestructura y servicios con los que cuentan, su escasa capacidad de respuesta, la falta de acceso a los sistemas de salud y a la justicia ambiental.

El modelo de desarrollo imperante, la política pública y la legislación mexicanas han impulsado el aumento en el número de megaproyectos nacionales y extranjeros relacionados con infraestructuras de energía eléctrica y combustibles fósiles (fracking, hidroeléctricas, parques eólicos, etc.), portuarias y aeroportuarias, extracción minera, desarrollos urbanos y turísticos, confinamientos de residuos, etc. Éstos afectan a los más desfavorecidos por degradación y empobrecimiento de sus territorios, pérdida de bienes naturales y despojo de sus tierras.

La entrada al país de grandes agroempresas multinacionales ha destruido la economía campesina y los mercados regionales, creando dependencia tecnológica, encareciendo los alimentos básicos y arriesgando la autosuficiencia alimentaria.

De acuerdo con el Atlas de Justicia Ambiental, de los 1,475 casos reportados en el mundo, 33 corresponden a México en donde existe una creciente criminalización y persecución de los defensores de estas causas.

 

Buenas prácticas

Así como el ser humano tiene una gran capacidad de agotar recursos y degradar su entorno, también la tiene para crear soluciones. Estas provienen de las diversas áreas del quehacer humano y buscan conciliar nuestras actividades con la conservación de la naturaleza.

Hasta la segunda mitad del siglo XX que la crisis socioambiental fue ampliamente reconocida. En un primer momento, el abordaje desde la ciencia y la tecnología era de carácter instrumental, limitado al control de la contaminación. Así se desarrollaron técnicas para el tratamiento de suelos, aguas y gases (Ingeniería Ambiental), un amplio corpus de normas, leyes y reglamentos para el control de emisiones (Derecho Ambiental) y técnicas para el reúso y reciclado de materiales, entre otros.

En los últimos años, el enfoque ha ido cambiando hacia la prevención de la contaminación, la modificación de los procesos productivos para reducir la generación de residuos, la minimización de su impacto (Ingeniería Verde y Análisis de Ciclo de Vida de los Productos), la generación de energía a partir de fuentes renovables, el desarrollo de nuevos materiales (Biomimesis) y el mejoramiento de las prácticas de diseño y construcción (Regenesis, Living Future). De esta manera la ciencia y la tecnología han hecho importantes aportaciones para la prevención y solución de los problemas ambientales y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Por otro lado, ha surgido un amplio rango de instituciones y leyes, así como de programas públicos para atender los problemas ambientales más apremiantes. Ejemplos de ello son las áreas naturales protegidas, en las cuales se regula el acceso y la actividad económica en zonas de gran riqueza natural, los instrumentos económicos para la conservación y los programas de manejo forestal comunitario.

Asimismo, se han creado numerosos proyectos productivos locales, que promueven el cooperativismo rural y que parten de los principios de la economía solidaria, agroecología, permacultura, comercio justo, etc.

Además se ha logrado recuperar el conocimiento tradicional y las técnicas ancestrales que, sumadas a las nuevas tecnologías ambientales, están mejorando la calidad de vida de las comunidades e incrementando su seguridad alimentaria y económica.

Por último, la magnitud y complejidad de la crisis socioambiental demanda un cambio radical de nuestros valores, concepciones y conocimientos que nos permita establecer otra manera de relacionarnos entre nosotros y con el resto de los seres vivos. La Universidad juega un papel fundamental en esta tarea para lo cual debe reconsiderar los fines de su quehacer y asumir un liderazgo en la búsqueda de alternativas al modelo de desarrollo.

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