José Luis Caballero Ochoa
Yerko Castro Neira
Denisse González Núñez
Miguel Rábago Dorbecker
Javier Urbano Reyes

 

I. Un marco estructural de injusticia

Si el concepto de injusticia se refiere a la enunciación de las desventajas sociales más evidentes en la sociedad actual, se puede decir que existen en términos generales las siguientes: falta de acceso igualitario a los sistemas de procuración y administración de justicia; falta de acceso en igualdad de oportunidades a los servicios de salud, a la vivienda y a la alimentación (incluyendo acceso a la tierra y otros recursos para el autoabastecimiento); falta de acceso en condiciones de igualdad a la educación; falta de acceso igualitario a las nuevas tecnologías de la información. No cabe duda de que en realidad nos encontramos frente a una situación crónica de injusticias económicas, políticas, de género, ambientales, laborales. Las injusticias se han convertido en la regla de la sociedad contemporánea.

 

Un pacto cultural de impunidad.

En términos más concretos, estas injusticias tienen en el México actual expresiones de suma crueldad y devastación; expresiones que atentan brutalmente contra la vida y la dignidad humana, tanto en su dimensión individual como en la colectiva.

En el contexto actual de militarización de la seguridad pública, tan sólo en la última década hemos atestiguado el incremento de la violencia, incluyendo la ejercida por el propio gobierno, hasta alcanzar niveles extremadamente alarmantes, lo que suma una historia de impunidad respecto de los crímenes cometidos en el pasado, vinculado con las graves violaciones a derechos humanos en el marco de la llamada “Guerra Sucia” de los años 70 y 80 y que no han sido resueltas.

Miles de víctimas, familiares de las mismas y organizaciones de la sociedad civil han venido denunciado dicho deterioro y, en años más recientes, se suman a ellas los señalamientos de organizaciones internacionales (como Amnistía Internacional y Human Rights Watch) y organismos del Organización de la Naciones Unidas.

Con al menos 23 mil personas desaparecidas, según los registros oficiales, en México existe, de acuerdo con el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, un “contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio [nacional]”; contexto del que Ayotzinapa es tan sólo la punta del iceberg. A ello hay que agregar la práctica igualmente “generalizada” de la tortura por parte de las fuerzas de seguridad, sean civiles o militares, tal como lo apuntó el Relator de Naciones Unidas sobre la Tortura

En materia de homicidios y ejecuciones, el panorama es igualmente sombrío. Sobre el particular, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha señalado que se «siguen produciendo incidentes extremadamente violentos, en particular atentados contra el derecho a la vida, a un nivel intolerable». Ejemplos de esto son los homicidios de centenas de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, y Cadereyta, Nuevo León, entre 2010 y 2012. En este mismo sentido, no podemos dejar de mencionar sucesos desafortunados más recientes en los cuales han participado las fuerzas de seguridad civiles y militares, como la ejecución de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014 y los hechos ocurridos el 6 de enero de 2015 en Apatzingán y la muerte de 42 personas en Ecuandureo, Michoacán, el 22 de mayo de 2015.

Mientras todo esto sucede comunidades campesinas e indígenas están siendo despojadas de las tierras que han habitado históricamente y de las que dependen para sobrevivir, con el fin de implementar “megaproyectos” de “desarrollo”, incluyendo proyectos de explotación minera por parte de empresas nacionales y trasnacionales y la construcción de sistemas de producción de energía supuestamente “sustentables”, como presas y parques eólicos.

 

Un modelo regulatorio más cercano a favorecer intereses privados.

Al mismo tiempo, a través de reformas estructurales supuestamente diseñadas para propiciar bienestar y eficiencia institucional, se han adelgazado los regímenes de protección del trabajo y de la seguridad social. Se han llevado a cabo reformas que tienen componentes que ponen en grave riesgo al medio ambiente y que son potenciales factores de mayor pauperización (como el sistema de fracturación hidráulica). Además, se avecinan reformas que adelgazarán los sistemas ejidales y comunales.

En este sentido, se puede evidenciar la manipulación política de la justicia que criminaliza la protesta social o que afecta a las capas más desprotegidas de la sociedad, que en muchas ocasiones se acompaña de debilidades institucionales crónicas; una dimensión miteológica del derecho, que perpetua un orden alienado de la realidad; posiciones ideológicas sobre el género y la raza que permean las acciones de los juzgadores y la interpretación de la ley; un uso político y mercadológico del discurso de derechos humanos sin atender a una política consecuente.

 

Disfuncionalidad democrática

Finalmente, en nuestro país padecemos las consecuencias de un sistema democrático disfuncional, con instituciones ineficaces y altos niveles de corrupción; instituciones incapaces de proteger la dignidad de las personas e incapaces de garantizar canales institucionales de diálogo y de denuncia. En este contexto observamos cómo la protesta y la manifestación de ideas es crecientemente criminalizada; un contexto donde la labor periodística y de defensa de los derechos humanos está cada vez más asediada tanto por el crimen organizado, como por autoridades.

 

 

II. Líneas de intervención para transformar la realidad

La idea de buenas prácticas está asociada a la instrumentalización de estrategias con una orientación ética, a la vez que bajo los principio de buena administración, equidad y transparencia. Desde este punto de vista, se puede hablar de buenas prácticas desde los siguientes supuestos:

 

  • Gestión y apropiación de prácticas jurídicas.

Aquí encontramos modificaciones constitucionales y legales que han sido producto de la acción social. Como ejemplo podemos mencionar a la reforma constitucional en materia de derechos humanos; la legislación en materia de discriminación y la consecuente creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; o bien, el matrimonio igualitario en algunas entidades de la Federación.

 

  • Articulación generalizada de movimientos, organizaciones y personas.

Encontramos amplias iniciativas sociales para la construcción y exigencia de los derechos, a nivel local, regional, nacional o transnacional: por ejemplo la participación popular en contra de megaproyectos de minería; exigencia de reconocimiento de propiedad colectiva, tanto urbana como rural; exigencia de lineamientos de rendición de cuentas en materia de graves violaciones a derechos humanos; desarrollo de derecho consuetudinario en el marco del pluralismo jurídico.

Tomando en cuenta estos ejemplos, las buenas prácticas no pueden ser localizadas o identificadas, sino promovidas y replicadas desde espacios legitimados para tales fines como lo es la propia universidad. Más que identificar, la obligación de la universidad es promover, difundir y operar en el propio espacio universitario las buenas prácticas.

 Lecturas recomendadas

Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas. Observaciones finales sobre México, 2015.

  • Informe sobre patrones de violaciones a derechos humanos en el marco de las políticas de seguridad pública y del sistema de justicia penal en México, México, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 2015.
  • Informe del Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes, sobre su misión a México (21 de abril a 2 de mayo de 2014).