Javier Cervantes González
Pablo Cotler Avalos
Isidro Soloaga
Graciela Teruel Belismelis

 

I. Caracterización del problema

México es un país caracterizado por una gran población en situación de pobreza. Hoy en día, aproximadamente 1 de cada 2 mexicanos viven en esta condición y uno de cada diez vive en pobreza extrema. Desafortunadamente esta situación parece ser una condición estructural que se ha venido acumulando y anquilosando en nuestra sociedad y de la cual parece difícil escapar. Adicionalmente, los resultados de un estudio reciente muestran que 75 por ciento de la población mexicana ha estado en condición de pobreza al menos una vez en los últimos doce años. Esto es indicativo de la enorme persistencia de la pobreza y de la vulnerabilidad que enfrenta una gran mayoría de la población.

Parte del problema es que el muy bajo crecimiento económico del país (1.2 por ciento anual per cápita en promedio en los últimos veinte años) no ha permitido un incremento del poder adquisitivo del ingreso. Además, el poder adquisitivo de los hogares se ha visto minado drásticamente durante la crisis económica de 1994, en el 2007 con el alza en los precios internacionales de los alimentos y en el 2009 a raíz de la crisis financiera internacional.

La pobreza, sin embargo, no es el único problema que desafía a nuestro país. Impera en México una enorme desigualdad que conduce a que esté considerado como uno de los países con mayor inequidad en el mundo. A modo de ejemplo, el 10 por ciento más rico se queda con el 40% del ingreso y, mientras que un mexicano está entre los cinco hombres más ricos del mundo y otros 30 poseen una fortuna superior a los mil millones de dólares, una fracción considerable de la población no accede a un nivel de vida que garantice un mínimo de bienestar razonable.

Sin embargo, la desigualdad no se limita al ingreso; hay desigualdad en las oportunidades y capacidades para salir adelante así como desigualdades profundas en las condiciones de vida. Hoy en día la gran mayoría de la población no tiene acceso a seguridad social; no está protegida ante choques adversos a sus ingresos; no tiene acceso a una pensión, etc. Y si bien parece haberse alcanzado una muy amplia cobertura de servicios de salud, la calidad de éstos deja mucho que desear. Mientras que unos cuantos pueden atenderse en hospitales comparables a los del primer mundo, la gran mayoría asiste a centros de salud sin especialistas, mal equipados, con escasez de medicamentos y sufren largas horas de espera. Una situación similar ocurre en el caso de la educación. Más aun, estas desigualdades se agudizan entre subpoblaciones y regiones. Así por ejemplo, mientras que el porcentaje de la población menor a cinco años de edad con baja talla es del 2 por ciento a nivel nacional, entre la población indígena este porcentaje alcanza el 33 por ciento.

 

II. Por qué estamos como estamos

Los altos y persistentes niveles de pobreza y desigualdad y el bajo crecimiento económico se expresan en el ámbito de los hogares (bajos ingresos, desigualdad de oportunidades, limitado empoderamiento, vulnerabilidad, etc.) pero responden a causas derivadas del contexto institucional. El Estado no sólo no cumple el rol de compensar las desigualdades existentes sino que, por el contrario, los procesos de toma de decisión de las políticas públicas así como las formas en las que se agregan los intereses de distintos grupos de ciudadanos refuerzan la transmisión intergeneracional de la desigualdad y la vulnerabilidad a la pobreza.

Las características actuales de la estructura fiscal, la baja capacidad para regular a las estructuras monopólicas en favor de los consumidores (que se evidencia por ejemplo en lo que acontece en los mercados de telecomunicaciones o de harina de maíz), las reglas de juego poco transparentes (que se evidencia por ejemplo en la baja imparcialidad que hay al ejecutar las leyes) y la escasa respuesta a las demandas de los ciudadanos ante actos de corrupción, se encuentran entre las principales razones que explican nuestra mala situación económica.

En la raíz de estos problemas se encuentra que la cadena de delegación democrática no funciona bien en México. Esto se hace evidente en: a) La presencia extendida del clientelismo político, mecanismo por el cual el funcionario entrega prebendas a ciertos ciudadanos a cambio del apoyo político o el voto; b) La captura del estado que implica que ciertos funcionarios públicos representan los intereses particulares de ciertos individuos o grupos económicos, como se evidencia en ciertas asignaciones presupuestarias (sector agrícola y energético, por ejemplo) y en la regulación de ciertos sectores (telecomunicaciones, por ejemplo); c) La corrupción, definida como aquella situación en la que el funcionario público ejerce discrecionalidad en su actuar para favorecer a ciertos agentes económicos a cambio de dinero, y cuya presencia se ha hecho sistémica; y d) una consecuente debilidad institucional con bajo compromiso ciudadano, surgiendo este último por experiencias en las cuales las relaciones sociales y la proximidad con el poder resultaron más útiles que los procesos formales para acceder a los bienes y recursos públicos.

En este marco de instituciones débiles, la desigualdad en el poder de influir sobre las decisiones de política pública y sobre el funcionamiento de los mercados genera un proceso de crecimiento lento y desigual, el cual cierra el círculo vicioso al perpetuar instituciones débiles y desigualdades.

 

III. ¿Qué hacer?

Considerando el diagnóstico antes hecho, atender esta problemática pasa en lo económico por: a) generar un crecimiento económico incluyente, alto y sostenido; b) generar un sistema de protección social que logre atenuar los impactos adversos propios del ciclo de vida y de las fluctuaciones macroeconómicas sobre el bienestar de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad; c) diseñar una nueva arquitectura de la política social que logre ir combatiendo las fuentes de desigualdad. La evidencia internacional sugiere que alcanzar estos objetivos no es fácil ni se logra rápidamente. Y a pesar de las resistencias e inercias que hay para alterar el statu quo, hay ejemplos tanto en el sector privado como público que muestran la posibilidad de cambios conducentes a alcanzar los objetivos antes trazados.

Un primer ejemplo lo encontramos en el sector financiero con la cada vez mayor presencia que tienen las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo en el país. La importancia de éstas es digna de destacarse pues es, en general, un modelo organizacional distinto al tradicional, que ha mostrado su sostenibilidad financiera y que de manera gradual se están convirtiendo en un ejemplo de que sí es viable ofrecer servicios financieros acorde a las necesidades y características de las grandes mayorías de la población.

Un segundo ejemplo lo constituye la puesta en marcha del Seguro Popular. Esta institución está permitiendo a la población que labora de manera informal o que son autoempleados tener acceso a servicios de salud. Si bien hay aún problemas de calidad en el servicio que ofrece, es un paso importante para ir reduciendo algunas de las carencias más sentidas que tiene la población pobre.

Finalmente, es importante señalar como una posible transformación en curso a las modificaciones en el diseño y forma de operar de los programas sociales que fomentan opciones productivas. Antes la meta era ofrecer el subsidio. Ahora, se busca que los programas tengan en su diseño una visión territorial, fomenten formas asociativas entre los productores y se dé especial énfasis en la viabilidad comercial de los emprendimientos.

La complejidad de los problemas a resolver hace necesaria la participación activa de la Universidad en la condena a la impunidad y en la búsqueda de instrumentos que permitan erradicarla. Asimismo, es necesario que se redoblen esfuerzos en las labores de investigación con rigurosidad académica y pertinencia social. Es así como desde la academia se podrá coadyuvar a la elaboración de una política económica más eficaz y eficiente en la resolución de los problemas señalados en la primera sección.

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